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Precios de transferencia

La normativa fiscal española obliga a las personas físicas y a las sociedades a valorar las operaciones que realicen con otras personas o entidades vinculadas por su valor de mercado, de conformidad con el estándar internacional: el principio de libre competencia.

Esta valoración a mercado debe ajustarse a los métodos reconocidos por la OCDE en sus Directrices sobre Precios de Transferencia y a las recomendaciones sobre la aplicación de dicho principio de libre competencia, recogidos en el art. 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el art. 18 de su Reglamento.

Asimismo, las empresas españolas están obligadas a elaborar y mantener a disposición de Hacienda una “documentación específica” para demostrar que se ha aplicado dicho principio de libre competencia conforme a lo previsto en la norma. El contenido de dicha documentación fiscal de las operaciones vinculadas varía en función del tamaño del grupo al que pertenezca la empresa.

Las sociedades que, por sí solas o conjuntamente con el resto de entidades del grupo[1], tengan un importe neto de la cifra de negocios (INCN) igual o superior a 45 millones de euros, están obligados a preparar la documentación de las operaciones vinculadas muy exhaustiva y compleja, que se adapta al nuevo modelo de la OCDE y que consiste en dos bloques diferenciados:

  1. Documentación relativa al grupo (“Masterfile”). Este bloque de documentación debe incluir información sobre:
  • Información relativa a la estructura y organización del grupo, incluyendo la identificación de las distintas entidades que formen parte del grupo.
  • Información relativa a las actividades del grupo, incluyendo un análisis funcional de todo el grupo, la descripción de la cadena de valor de aquellas líneas de producto/servicio que supongan al menos, el 10% del importe neto de la cifra de negocios, la política de precios de transferencia, los acuerdos de reparto de costes y de prestación de servicios relevantes, así como las operaciones de reorganización de actividades.
  • Información relativa a los activos intangibles del grupo, incluyendo la política de desarrollo, propiedad y explotación de los activos intangibles, la localización de las principales instalaciones en las que se realicen actividades de investigación y desarrollo, la identificación de los activos intangibles relevantes y la política de precios de transferencia aplicada.
  • Información relativa a la actividad financiera, incluyendo las fuentes de financiación externa y la política de distribución de la financiación dentro del grupo.
  • Situación financiera y fiscal del grupo, incluyendo las cuentas consolidadas y una relación de APAs y tax rulings vigentes en el Grupo.
  1. Documentación específica del contribuyente (“Local file”). Este bloque debe incluir información sobre:
  • Información del contribuyente, incluyendo la estructura de dirección, organigrama y las líneas de reporting interno, la descripción de las actividades y de la estrategia de negocio, y los principales competidores.
  • Análisis de precios de transferencia de las operaciones vinculadas, incluyendo, su descripción detallada, la identificación fiscal completa de las contrapartes, un análisis de comparabilidad detallado, la justificación del método de valoración seleccionado de entre los regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la descripción de la búsqueda de operaciones independientes comparables y sus resultados, los repartos de costes o precio de servicios prestados conjuntamente (en su caso) y los correspondientes contratos intragrupo, así como copia de las APA’s y tax ruling que apliquen al contribuyente español.
  • Información económico-financiera del contribuyente, incluyendo sus cuentas anuales, la cuenta de resultados segmentada entre operaciones vinculadas y no vinculadas y los datos financieros de los comparables utilizados.

Las sociedades que no alcanzan dicho límite de 45 millones de euros pueden cumplir con los requisitos fiscales, en la mayoría de los casos, con una documentación simplificada:

  • Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas;
  • Datos de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la operación;
  • Identificación del método de valoración utilizado; y
  • Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de valoración.

Aunque el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aligera para las PYMEs las obligaciones formales de elaboración y mantenimiento de “documentación”, el correcto cumplimiento con la norma de valoración requiere, en la práctica, realizar el denominado “análisis de comparabilidad” de las operaciones vinculadas, así como una búsqueda de operaciones o empresas comparables en bases de datos de información financiera.

La mera ausencia de documentación de precios de transferencia, o la presentación de la misma con defectos o errores, es objeto de sanción por parte de la Administración tributaria, por importe de 1.000 euros por dato o 10.000 euros por “conjunto de datos”, según las definiciones contenidas en el Reglamento. Aunque el importe total de las sanciones dependerá de las operaciones de cada contribuyente puede superar fácilmente los 250.000 euros para una empresa estándar.

Sin embargo, la ausencia de documentación (o una documentación defectuosa) puede implicar que un eventual ajuste de los precios de transferencia vaya acompañado de una sanción tributaria del 15% del importe ajustado en base imponible. Por tanto, una correcta elaboración de la documentación de precios de transferencia es un elemento esencial para evitar la imposición de sanciones tributarias, incluso en caso de ajuste de precios de transferencia.

El control tributario sobre las operaciones vinculadas se completa con una declaración informativa específica –el modelo 232– que debe presentarse anualmente en noviembre, en la que se deben indicar tanto los datos de las operaciones vinculadas, como el método de valoración empleado de entre los prescritos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En este sentido, la valoración de las operaciones vinculadas constituye un área de riesgo con atención prioritaria en el Plan General de Control Tributario, especialmente en las operaciones internacionales y en las realizadas por personas físicas con sociedades profesionales o tenedoras de activos.

[1] A estos efectos se incluyen no sólo las entidades del grupo de consolidación contable, sino también las previstas en el art. 101.3 LIS (“grupo horizontal”).